Reglamentación Internet

LA NUEVA INICIATIVA DE COLOMBIA

Las autoridades alistan una normativa para regular los juegos por Internet y convertir al país en uno de los primeros de la región en hacerlo.


Este proyecto legislativo forma parte de los objetivos y políticas del gobierno de turno, plasmados en un documento conocido como Plan de Desarrollo, y aprobados por el Parlamento de ese país, en julio del año pasado.

Mercado Online

Con esta nueva normativa, las autoridades esperan regular el mercado de los juegos por Internet, conformado por varias páginas web con aplicaciones de tragamonedas, ruleta, bingo y juegos de naipes —como blackjack, baccarat y poker—, que operan desde islas y territorios con beneficios tributarios.

Del mismo modo, aspiran a abrir un nuevo segmento de mercado, que complemente la oferta existente y permita el acceso a jugadores con dispositivos móviles, que hoy cuentan con gran aceptación en el país.

Coljuegos, ente regulador de la industria en Colombia, tuvo la oportunidad de presentar este proyecto al mundo, a través de un webimar y un seminario a operadores internacionales, en la última edición de la feria ICE Totally Gaming que se celebró, como en anteriores oportunidades, en la ciudad de Londres.

Las gestiones para regular este nuevo mercado, sin embargo, se iniciaron hace dos años. Durante ese periodo el regulador intercambió experiencias con los representantes de diversos países (España, Malta, Dinamarca y Reino Unido, en Europa; y Panamá, en Latinoamérica) que ya venían regulando las apuestas online, para luego adaptar esos conocimientos a la realidad del país.

Requisitos de Operación

De acuerdo al proyecto de legislación, los juegos por Internet formarían parte de la larga lista de los “juegos nacionales” que son explotados, administrados y regulados por Coljuegos. Pertenecerían a la modalidad de “juegos novedosos”, el segundo rubro que generó más recursos fiscales el año pasado, después de los casinos y bingos.

El regulador planea entregarlos en concesión por un periodo de cinco años. “No habría un límite en el número de concesiones”, explicó el abogado español Santiago Asensi, uno de los ponentes de la videoconferencia sobre Colombia en ICE, en la que también participó Coljuegos.

El proyecto de normativa establece, en ese sentido, que los operadores de estos juegos deberán contar con una página de dominio “.co”, tener sucursales en el país o constituir una empresa colombiana, estar inscritos en el registro mercantil como negocios de suerte y azar, y contar con un certificado que lo acredite.

Del mismo modo, establece el pago de un impuesto exclusivo para el sector, conocido como Derechos de Explotación (DE), que sirve para financiar la salud de los colombianos. Este representa un monto fijo de 811 sueldos mínimos mensuales —192.75 dólares cada uno (según el cambio al cierre de la edición)— y el 15% de los ingresos brutos, menos los premios pagados proyectados por el operador.

Precisiones Técnicas

La iniciativa se publicó junto a un esquema de requerimientos técnicos y otro documento que establece los registros de operaciones del juego que deben aplicarse. El primero establece el funcionamiento de la infraestructura informática utilizada por el operador para el desarrollo, organización y explotación de los juegos, y de cada uno de los elementos que lo conforman: programas, sistemas y bases de datos, entre otros

También explica, líneas más abajo, el correcto uso de las cuentas de los usuarios y de sus fondos, además de los pagos. Estos, de acuerdo a la normativa en evaluación, se efectuarían en pesos colombianos y no en moneda extranjera o digital, como el bitcoin o el lifecoin.

Se podrán utilizar para ello cuentas bancarias, tarjetas de crédito o cualquier otro medio de pago provisto por entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por otro lado, estaría prohibido el envío de dinero entre distintas cuentas.

Evaluación y Garantías

Según el proyecto de resolución, las empresas que desean operar juegos por Internet deberán demostrar que cuentan con un capital de trabajo mayor o igual a 1,450 sueldos mínimos, además de tener una calificación de cobertura de intereses mayor a 1.1, un nivel de endeudamiento menor al 70% de sus activos totales y un patrimonio igual o mayor al 30% de los DE fijos de la totalidad del contrato y lo correspondiente a sus Gastos de Administración (GA), que representa un 1% del impuesto anterior.

Para ello, los operadores deberán aportar sus estados financieros —balance general, estado de resultados y estados de flujo de efectivo— del último año de operaciones o los de apertura, en caso recién funden el negocio, suscritos por un revisor fiscal o algún profesional que cumpla esa labor.

De la misma manera, tendrán que presentar ante el ente regulador dos garantías: una que asegure el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato de concesión y algunos riesgos, y otra para el pago de salarios, prestaciones sociales y premios, entre otros.

Reacción de Operadores

Gremios importantes del sector —como Feceazar, Fecoljuegos y Connazar— enviaron sus sugerencias al regulador colombiano y las publicaron en sus respectivas páginas web.

A finales de enero, Fecoljuegos presentó una serie de anotaciones, entre las que destacan la de incluir a empresas nacionales dentro de la conformación accionaria de estos operadores y el pago de un valor de entrada equivalente a las sanciones establecidas por la autoridades, por los años que funcionaron de manera ilegal. Según Santiago Asensi, el proyecto de resolución “no regula, por el momento, los anuncios de estas compañías”, que sirven para atraer a cientos de jugadores a sus plataformas de entretenimiento.

Al cierre de esta edición, el regulador colombiano continúa evaluando la propuesta. Será la junta directiva de esa entidad —conformada por representantes de los ministerios de Economía y Salud de ese país, y otros tres miembros independientes— la que la apruebe o no.






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