Fortalecerán prevención

Transacciones más Limpias

Los cambios que plantean las autoridades en la normativa para evitar que el dinero de dudosa procedencia ingrese a través de salas de juegos, y las discusiones que se plantearon al respecto.


Esta normativa, que entró en vigencia en 2009, será actualizada dentro de los próximos días. A inicios de enero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó en su página web un proyecto de resolución para modificar la reglamentación existente sobre el tema. Pero, ¿qué novedades trae esta propuesta de normativa, planteada por la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), el ente regulador peruano, y la Unidad de Inteligencia Financiera del país? El tema se trató en la última edición de la Convención Semestral de Casinos y Máquinas Tragamonedas (CSCMT).

Ubicación estratégica

Milagros Gonzales, abogada del DGJCMT y una de las primeras expositoras ese día, explicó que la nueva normativa establece la elaboración de informes de evaluación de riesgo.

“No todos los titulares de una autorización expresa van a emitir este tipo de reportes. Solo lo harán aquellos que exploten una sala de casino, más de quinientas máquinas tragamonedas y los que operen en las regiones de Tacna, Tumbes, Puno, Madre de Dios, Loreto y Ucayali”, informó la asesora legal del ente regulador.

Ubicación estratégica

De acuerdo con lo expuesto ese día, las autoridades optaron por reforzar las medidas en esas ciudades por razones técnicas y estratégicas. Estas seis jurisdicciones reciben una gran cantidad de turistas. En las tres primeras, por su parte, salen muchos peruanos con dirección a países vecinos: Chile, Ecuador y Bolivia, respectivamente. Mientras que en las demás, por las actividades ilícitas que ahí se realizan.

Conociendo al cliente

El proyecto de resolución también propone diligencias a los clientes que ingresen a los casinos. Para ello establece tres fases: identificación (toma de datos del cliente, como el rango de dinero que invierte), verificación (asegurar que fue debidamente identificado) y monitoreo (comprobar que las operaciones que ejecuta sean compatibles con lo establecido en el perfil que se le ha creado).

Una vez que el operador haya realizado todos estos pasos, debe aplicar un “régimen reforzado” —control e investigación— al cliente si es extranjero o peruano que no reside en el país —que viene de vacaciones o por trabajo—, persona jurídica “no domiciliada”, personas expuestas políticamente (PEP) o sus familiares de segundo grado de consanguineidad y afinidad, y cónyuges y/o convivientes.

La propuesta de normativa incluye, dentro del círculo del PEP, a sus colaboradores, directos y a otras personas de quienes se sepa, por la prensa y otras vías, que tenga antecedentes por lavado de activos.

“Muchos se jactan: yo soy el asesor del presidente regional o de un congresista. Eso también se deberá registrar y hacer un régimen reforzado respecto a esa persona”, explicó la asesora legal de la DGJCMT.

Regla oficial

El proyecto de resolución permite a la empresa contratar a un tercero para que realice la diligencia. Del mismo modo, establece que el oficial de cumplimiento deberá ser un profesional a dedicación exclusiva en la compañía. “La UIF y nosotros (la DGJCMT) estamos trabajando un proyecto de directiva que va a establecer puntualmente en qué casos los oficiales de cumplimiento no serán a dedicación exclusiva. (Quizás por) el pequeño tamaño de la empresa o el poco movimiento en sus salas”, anunció.

La nueva norma permite a los operadores, previa coordinación con los respectivos organismos supervisores, designar a “un oficial de cumplimiento” que podrá ejercer sus funciones a nivel corporativo: en empresas de juegos y de otras actividades que pertenezcan a la compañía.

“Tiene que quedar bien claro que la no designación de un oficial de cumplimiento, (…) no exime al titular (sujeto obligado a informar) de sus funciones”, aclaró Gonzales, y añadió que esta normativa tendrá un nuevo reglamento de infracciones.

Cambios en registros

Del mismo modo, explicó que cuando entre en vigencia la resolución, los tres registros establecidos en el sistema de prevención solo se harán por medio electrónico. “Los sustentos por dedicación exclusiva o no exclusiva y corporativa van a estar a disposición de nosotros, como su organismo supervisor y la UIF, en cualquier momento. Sobre todo en los momentos de supervisión”, precisó.

La representante de la DGJCMT también informó que los operadores deberán incluir, en el registro de ganadores de premios, la resolución autoritativa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), en la que se brindarán datos sobre el notario público y el representante de la institución que supervisó los sorteos, bingos y demás actividades, entre otros.

La norma también contará con un registro de operaciones inusuales y dos anexos, en los que se especifican aquellas acciones inusuales cometidas por los clientes, trabajadores, administradores y accionistas, que deberán incluirse junto a los antecedentes patrimoniales y laborales.

Al terminar la ponencia, Alfonso Ramón, representante de la DGJCMT, anunció que su institución brindará más capacitación y más estrategias para que los operadores puedan desarrollar un sistema de prevención de acuerdo a las necesidades de la norma.

“Nosotros estamos convencidos de que es muy difícil que se pueda usar a las empresas de casinos y tragamonedas para lavar dinero. Pero la imagen internacional que tiene la industria no es esa”, explicó Ramón en su exposición.

Críticas a la norma

Al culminar las presentaciones de los representantes de la DGJCMT, ingresó a la sala el abogado Jorge Cantuarias, quien evaluó el proyecto de resolución e hizo una serie de anotaciones.

El socio de Cantuarias Abogados cuestionó los cambios en la evaluación y análisis de los PEP planteados en la resolución, debido a que convierten al operador en un detective privado.

“Si tenemos la obligación de llevar un control de (por ejemplo) los que fueron hace cinco años congresistas de la República, tendríamos que verificar (y monitorear) a 266 personas perennemente, más sus familiares consanguíneos y por afinidad (…)”, explicó en su ponencia.

Por ello, el abogado propuso a las autoridades armar una base de datos de PEP y dársela a los operadores.

Cantuarias también criticó que la norma exija a las empresas de casinos y slots elaborar un registro de ganadores, debido a que los operadores ya envían información a la Onagi cuando piden autorizaciones para sorteos y premios. “La información está en manos del Estado y podría fluir fácilmente a la UIF. Pero no lo hacen, porque las instituciones públicas no conversan entre sí”, señaló.

Aspectos a mejorar

Del mismo modo, propuso prohibir la entrega de constancias de premios, por donde podría ingresar dinero de dudosa procedencia.

Cantuarias también criticó que la norma exija a las empresas de casinos y slots elaborar un registro de ganadores, debido a que los operadores ya envían información a la Onagi cuando piden autorizaciones para sorteos y premios. “La información está en manos del Estado y podría fluir fácilmente a la UIF. Pero no lo hacen, porque las instituciones públicas no conversan entre sí”, señaló.

El abogado recordó a los presentes que no existe una norma específica para las loterías, hipódromos, casinos online, apuestas deportivas y otras modalidades de juegos de suerte y azar.

Al concluir la sesión sobre lavado de activos, Manuel San Román, titular de la DGJCMT, pidió a los empresarios asistentes a la convención que envíen sus propuestas para modificar el proyecto de resolución.

La propuesta de norma se encontrará disponible para el público en general en el portal de la SBS hasta el 5 de febrero, y entrará en vigencia el 1 de abril, luego de su publicación en el diario oficial El Peruano.






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